La ley provincial de equilibrio poblacional de
perros y gatos entró esta seman en plena vigencia, luego de que el
gobernador Antonio Bonfatti firmara el decreto que la reglamenta. La
norma, de fuerte impacto para algunas localidades, prohíbe en todas las
dependecias oficiales el sacrificio y la eutanasia como método de
control de la población de estos animales; y todos los actos que
impliquen malos tratos o crueldad, ya sea por acción u omisión, en forma
directa o indirecta.
Pero no solamente eso. La reglamentación establece
como único método de control poblacional la esterilización quirúrgica,
de acuerdo a los protocolos de actuación, y declara como oblitatorio en
toda la provincia "la vacunacion, el tratamiento antiparasitario de
perros y gatos, y la aplicación de todos los métodos preventivos contra
todo tipo de zoonosis". También se promueven "programas educativos y el
desarrollo controlado y sanitario de la población animal, en una
concepción de respeto por la vida, para armonizar su relación con el
hombre".
La norma, que puede resultar lógica y casi obvia en
grandes ciudades donde se trabaja desde hace años en la castración
masiva, representa sin embargo un fuerte desafío para las poblaciones
más pequeñas, donde las políticas públicas respecto de la tenencia
responsable de mascotas, la esterilización y el cuidado de los animales
callejeros son muy pobres y, en algunos casos, nulas. Y constituye
también una herramienta muy importante de presión y acción para las
organizaciones que desde hace tiempo vienen trabajando en el interior de
la provincia para promover este tipo de políticas, entidades cuyas
voces suelen ser muchas veces desoídas .
Con municipios. A través el decreto
1.936, el Poder Ejecutivo determinó que la autoridad de aplicación de la
ley, que lleva el número 13.383, será el Ministerio de Salud, que
deberá "coordinar con los ejecutivos municipales y comunales, la
implementación y difusión masiva de las actividades a realizar para el
cumplimiento" de la norma. Asimismo, esa cartera está autorizada a
"realizar todo tipo de convenios" para garantizar su efectiva
aplicacion.
La norma fue sancionada por la Legislatura en
noviembre de 2013, se promulgó en enero de este año y finalmente la
semana pasada quedó reglamentada. El proyecto fue presentado en 2009 por
la diputada Alicia Gutiérrez, —también autora de la ley que prohibe las
carreras de galgos en toda la provincia, sancionada el año pasado—, y
fuertemente apoyado por entidades proteccionistas, que recolectaron
miles de firmas para refrendar el pedido.
Polémica. La iniciativa generó sin
embargo una fuerte polémica con colegios de veterinarios, que fijaron
sus posiciones al defender la eutanacia en los casos en que es precisa
su prescripción, es decir, en casos en que el animal no pueda ser
tratado por tener una enfermedad incurable o bien cuando puede
transmitir enfermedades a la población.
La polémica se despeja con la cláusula de que la
prohibición se circunscribe a las dependencias del Estado, en cualquiera
de sus niveles, por lo que un profesional privado puede tranquilamente
practicar el sacrificio y eutanasia, de considerarlo necesario.
"Acá lo que se pretende es que los municipios y
comunas de la provincia paren de seguir cazando perros y matándolos, o
que algún demente los envenene masivamente", como ha ocurrido, enfatizó
Gutiérrez en diálogo con La Capital.
En ese sentido, la legisladora aclaró que si bien la
ley "no dice expresamente que los gobiernos locales deban adherir a la
norma, no es necesario que lo hagan porque legalmente deben respetarla y
realizar las castraciones masivas. Es importante que se comprometan a
realizarlas en forma permanente y sostenida en l tiempo porque la
poblacion de perros y gatos se multiplica en forma exponencial".
Tenencia responsable. Al respecto,
la diputada remarcó que "los perros de la calle son los que menos viven,
pero los domiciliarios por ahí son liberados y son los que se
reproducen más rápidamente. De allí que no sólo hay que hacer hincapié
en la esterilización, sino en campañas de tenencia responsable, y
lógicamente contra el maltrato animal, que está expresamente prohibido".
Sobre este último tema, Gutiérrez recordó que "si un
ciudadano es testigo y decide denunciarlo, no tiene más que presentarse
en la Justicia, en la fiscalía de turno. Hoy hay una en Rosario que se
encarga de todo lo que tiene que ver con derecho animal, y todo se
resuelve en el fueron judicial provincial". Contó.
La ley provincial puede convertirse así en una
herramienta de denuncia frente a acciones, algunas individuales y otras
hasta promovidas por los Estados, que tienden a deshacerse de los perros
abandonados. Baste recordar noticias publicadas en este mismo diario
sobre el abandono de perros en algunas localidades, traídos directamente
en camionetas desde otras, o el maltrato al que son sometidos los
animales en supuestos criaderos.
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