Es el primer río que se traga la minería. Un cauce sin agua, atestado de cráteres, donde cientos de personas sacan oro a raudales. El San Bingo, que el año pasado arrasó con casas, puentes y sembradíos en una fuerte tormenta, es hoy un camino árido entre montañas frondosas.
La Tercera División del Ejército colombiano descubrió el desastre ambiental en el transcurso de la operación Espartaco contra la extracción ilegal del citado metal, en el departamento del Cauca, al oeste de la nación sudamericana. Después del sobrevuelo, bajaron a tierra para destruir las cinco retroexcavadoras con las que trabajaban en un área apartada entre los municipios de Almaguer, Bolívar y Mercaderes. Los militares calculan que los dueños de las máquinas ganaban unos 3.000 millones de pesos mensuales (830.000 euros).
Además de secar el San Bingo y destruir fauna y flora en cantidades y especies que será difícil determinar, arrasaron con 360 hectáreas de bosque nativo. Las primeras estimaciones señalan que necesitarán una inversión superior a los 100.000 millones de pesos (27.725.468 euros) y varias décadas, para recuperar el daño causado.
"Con el desembarco de las tropas en tierra y tras un minucioso análisis y peritaje de los alrededores, se observó la desaparición de varias especies que se extinguieron debido a esta actividad depredadora alrededor del entable minero", reza el comunicado del Ejército.
Ataques criminales
El San Bingo es tributario del Patía, otro gran río que vierte sus aguas al Pacífico tras recorrer 150 kilómetros de territorios de vegetación exuberante y casi despoblados. La minería de oro ilegal, protegida por las FARC, el ELN y bandas criminales herederas de los paramilitares, están causando una catástrofe ambiental no sólo en el Cauca sino en otras regiones de Colombia. No sólo destruyen bosques y fuentes hídricas, sino que contaminan las aguas con cianuro y mercurio, necesarios para procesar el oro.
Según datos de la policía, obtenida por satélite, existen 95.000 hectáreas en Colombia afectadas por esa actividad. Si bien la minería ilegal se remonta a varias décadas, ha crecido de manera desbordante en los últimos cinco años. Si bien la imagen del San Bingo impacta por su crudeza, el cauca no es el departamento más castigado. La lista la encabeza el Chocó, también sobre el pacífico, con 40.780 hectáreas.
El problema ya ha desbordado la capacidad del Gobierno, que reaccionó cuando era tarde.
Son miles de mujeres, hombres y niños lo que se lanzan a diario a buscar su sustento en cualquier río o socavón y que no ven otra manera de ganarse la vida. A ello se suma la aparición de las retroexcavadoras, que multiplican al infinito la destrucción de la Naturaleza.
Llevarlas hasta montañas y selva supone pagar sobornos a distintas autoridades para desplazarlas y contar con la aprobación del grupo criminal que actúe en la zona, que cobra un impuesto diario y, en ocasiones, son los propietarios.
La administración actual ha emprendido un plan agresivo para combatirla, pero este diario ha estado en numerosas zonas y ha comprobado que si bien un día destruyen la maquinaria y todo el mundo huye monte adentro, en cuanto desaparecen los militares, regresan los mineros y vuelven a comprar bulldozer.
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